Discurso Presidencial

MI MANDATO:

LA JUSTICIA

Hace dos años, en la ceremonia de investidura como Presidente de esta Nación, juré por Dios ante este Plenario y nuestro pueblo “(…) observar y defender la Constitución y las leyes de la República”. Hoy concurro ante ustedes con la tranquilidad plena de haber cumplido a cabalidad con ese mandamiento; el primero y más importante que asume un funcionario cuando es convocado por la Patria a servirle en un cargo público, independientemente de su rango y condición.

“Observar y defender la Constitución y las leyes de la República” conlleva, para un Gobierno que procura el cambio en la cultura política de este país, al menos cuatro grandes obligaciones: la primera y como es debido, atenerse a su letra y acatar las sentencias que emanan de los tribunales de justicia. La segunda, dilucidar su espíritu, incursionar en la compleja tarea de discernir la voluntad del legislador de manera que ésta brille como un faro en los procesos de toma de decisiones, en particular aquellos que no son tutelados por los tribunales. La tercera, someterse voluntaria y permanentemente a procesos de rendición de cuentas, respondiendo de esa manera a la creciente exigencia de los pueblos para que sus gobernantes actuemos con transparencia en el cumplimiento de nuestra tarea superior: la defensa del Bien Común.

Y cuarto: entender que el “pacto republicano” descansa en la defensa de la Justicia como eje articulador de la vida social. Y no sólo la Justicia contenida en los códigos y leyes, sino también aquella – sin duda más intangible – que resulta de la búsqueda de la equidad y la necesaria defensa de las personas menos favorecidas de la sociedad.

Costa Rica se sostiene sobre profundas convicciones democráticas y de solidaridad.  Nos hemos enfrentado a los avatares de la historia asidos a valores fundamentales sobre los que descansa nuestro pasado, sobre los que asentamos continuamente nuestro presente y sobre los que se levanta el futuro que deseamos para las generaciones presentes y venideras. Hablo, por supuesto, del diálogo, la tolerancia, el respeto a la diferencia, el progreso social, la prosperidad, la educación, el trabajo digno y la ardorosa defensa de los Derechos Humanos.

UNA NACIÓN DE BIENESTAR

Construir esta gran Nación de la que orgullosamente podemos llamarnos hijas e hijos, ha requerido de sacrificio, esfuerzo, imaginación y perseverancia. Ha requerido solidaridad, espíritu de servicio, entrega sin límite, y pasión por la Justicia. Ha requerido colocar los grandes los acuerdos nacionales por sobre los intereses privados y gremiales y comprender con madurez que hacer “Patria” conlleva más, mucho más, que saludar la bandera tricolor y cantar con fervor nuestras canciones cívicas.

El corazón de esta Patria es grande y generoso; fuerte y compasivo. Es un corazón que debemos defender y robustecer con nuestras acciones cotidianas, cumpliendo a cabalidad con nuestras responsabilidades y defendiendo con denuedo nuestra soberanía.

Quizá el resultado más notable de esta evolución nacional lo sea la estabilidad de nuestro sistema político. Valga decir, la capacidad de resolver el conflicto, propio de cualquier agrupamiento humano, incluidos los regímenes democráticos, sin socavar la institucionalidad sobre la que el Estado se sustenta. Dicho de otra manera, la construcción de condiciones que hacen possible la administración ordenada del conflicto, su desarrollo en el marco de espacios delimitados por normas socialmente aceptadas y legitimadas.

 

Esta tarea no ha sido fácil. Nuestra historia está llena de situaciones límite donde salimos adelante sólo gracias a la madurez adquirida en los procesos de diálogo entre los diferentes sectores sociales, muchas veces enfrentados incluso, aunque por fortuna sólo excepcionalmente, en el campo de batalla.

No ha sido fácil, dije, y a pesar de eso, desde los inicios de nuestra vida republicana entendimos el valor superior de la dignidad de la persona humana, cuyo bienestar ha de ser el fin último de la política en general, y de toda política pública en particular.

 

Costa Rica ha logrado constituirse en una sociedad llamada de “renta media” y ha podido aportarle desde hace décadas altos niveles de desarrollo humano a su población. Nuestros logros históricos incluyen, entre otros, el desarrollo de una matriz energética casi completamente fundada en fuentes renovables; la abolición de las fuerzas armadas como institución permanente; la existencia de un Seguro Social que ofrece servicios de salud universales y solidarios a todos los habitantes y un largo etcétera que debemos preservar. Hoy somos una sociedad abierta al mundo, que promueve la internacionalización de sus mercados, procura la competitividad de su economía, fomenta los encadenamientos productivos y la agregación de valor como mecanismo para el fortalecimiento de su mercado interno.

 

Una sociedad que, no obstante lo anterior, exige también la globalización de la justicia y la solidaridad, y que lucha denodadamente por hacer valer los derechos de todas las personas alrededor del mundo.

 

Todo lo anterior ha hecho que Costa Rica se haya convertido gradualmente en una sociedad que aspira a la inclusión plena de todas y todos sus habitantes a los beneficios del desarrollo, particularmente de las y los más vulnerables.  En ese sentido, ratifico el compromiso de nuestra Administración con la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad social, la inserción inteligente en la economía global, el fortalecimiento del agro, la expansión y fortalecimiento de la clase media, el respeto de los derechos humanos, y el mantenimiento de la paz.

 

Estos compromisos están hoy más vigentes que nunca, pues restan aún dos años de trabajo a este Gobierno que utilizaremos hasta el último minuto de mi mandato constitucional para cumplir con la palabra empeñada ante el pueblo de Costa Rica.  A ese respecto, nada hay de crepuscular en nuestra gestión más que el fin de una serie de malas prácticas que por demasiado tiempo atenazaron a la política costarricense. Más aún, auguro que los próximos 24 meses serán de grandes realizaciones que confirmarán el optimismo con que miramos el futuro del país.

 

UN VALOR SUPERIOR:

LA EDUCACIÓN

 

La punta de lanza para lograr estos compromisos continuará siendo la educación, porque los pueblos educados, como lo sabemos bien las y los costarricenses, pueden apropiarse de su presente y construir el futuro con el que sueñan. De allí que no debería caber ninguna duda del por qué mi Gobierno ha sido un defensor radical del financiamiento de la educación pública, llevando el porcentaje obligatorio constitucional en estos últimos dos años, hasta casi el máximo 8% del PIB.

 

Ignorar la contribución de la escuela al desarrollo de países más inclusivos y democráticos sería contrario a la experiencia nacional y un grave error histórico. Esta premisa, que es de orden general, adquiere una importancia superlativa al considerar a las universidades públicas como los más importantes centros de innovación del país. Aún reconociendo la necesidad de que las instituciones de educación superior continúen los esfuerzos en curso por racionalizar sus gastos de operación y algunos beneficios salariales excesivos, ratifico mi convencimiento de la importancia capital e imprescindible papel que tienen junto a los institutos técnicos y de formación profesional, como motores del desarrollo productivo.

 

A este respecto, hemos dado un fuerte impulso al Instituto Nacional de Aprendizaje, institución a la que corresponde la inmensa responsabilidad de preparar los cuadros técnicos para mejorar la competitividad e innovación de nuestra producción nacional. Junto a la educación dual y la gran red de excelentes colegios técnico-profesionales y científicos, el INA continúa siendo un instrumento de progreso de incalculable valor para todos quienes desean mejorar sus condiciones y oportunidades laborales en momentos en que el país continúa creciendo exponencialmente en el campo del comercio y los servicios vinculados a los mercados internacionales.

 

A propósito de educación pública, también conviene recordar aquí algunos hitos que se alcanzaron durante el último año.  Entre el 2015 y el 2016 el Ministerio de Educación Pública destinó 101 mil millones de colones para las Juntas de Educación y Administrativas. Más aún, ya se está ejecutando la inversión de 90 mil millones de colones provenientes del fideicomiso BID-MEP-BNCR aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2013, fondo que permitirá la construcción de 79 centros educativos y 24 canchas multiuso, el 55% de los cuales estarán ubicados en zonas rurales del país.  Sólo en el 2015 se ordenó la reconstrucción en los Colegios Luis Dobles Segreda, Gamalotal, Hojancha, Morales, La Pita, Acapulco y José María Peralta, y camina exitosamente, después de más de una década fallida, la nueva gestión del Proyecto Sámara. Estos proyectos y otros más que se construirán en las 7 provincias durante los próximos 18 meses, tendrán un impacto directo en más de 35.000 estudiantes y en 150.000 personas de las comunidades beneficiadas.

 

Pero de todos estos logros recientes, quizá el más conmovedor –por su tamaño, impacto, simbolismo y alta prioridad- es el que se anunció hace pocos días en la ciudadela La Carpio.

 

Gracias al trabajo interinstitucional del Estado, esa comunidad contará con una nueva escuela y un nuevo Colegio Técnico Profesional que albergarán a miles de estudiantes a partir del 2018. Esto será posible gracias a que, tras décadas de abandono y olvido, el IMAS donó el terreno en donde se construirán y el MIVAH realizó un reasentamiento de 23 familias a un costo superior a los 600 millones de colones. El CTP de La Carpio será el primer centro técnico-profesional construido en vertical en el país. Sin embargo su importancia va mucho más allá de la varilla y el cemento con el que tanto éste como la escuela serán construidos.  Constituye una prueba del compromiso de esta Administración con las poblaciones más marginadas y excluidas del país.  Poblaciones y comunidades que a lo largo de muchos años fueron sometidas a dolorosos procesos de discriminación que condenaron a sus jóvenes y niños a indecibles condiciones de vida y que hoy se ven beneficiadas con proyecto de tanta trascendencia como éste, cuyo impacto será perdurable y directo sobre miles y hasta decenas de miles de jóvenes profesionales.

 

NUESTRA PIEDRA ANGULAR:

LA CAJA COSTARRICENSE

DEL SEGURO SOCIAL

 

Un segundo ámbito en el cual hemos puesto acento a lo largo del último año, ha sido el de la Caja Costarricense del Seguro Social.  La Caja es sin duda la piedra angular de nuestra paz social. Constituye el símbolo más claro de lo que puede hacer Costa Rica cuando nos ponemos de acuerdo y avanzamos en una misma dirección.  Al igual que la educación pública, el contar con servicios médicos solidarios y de cobertura universal coloca a nuestro país en un lugar de privilegio. No por ello, ciertamente, se debe ser complaciente con los servicios médicos que brinda nuestra seguridad social o con el estado de los fondos de pensiones – también solidarias y universales – que administra. Esos desafíos son bien conocidos y requerirán de una permanente atención de parte de la propia Caja y de quienes gobiernen en las próximas décadas.

 

No obstante lo anterior, esta Administración está haciendo su parte y en el último año ha realizado aportes verdaderamente históricos para darle sostenibilidad financiera a la Institución y, en un sentido más general, para mejorar la calidad de los servicios médicos y administrativos que presta.

 

Me complace especialmente señalar el haber logrado un préstamo de largo plazo y en condiciones muy favorables con el Banco Mundial por 420 millones de dólares para la Caja.  Este préstamo, cuyos términos y aprobación se encuentran ya en conocimiento de esta Asamblea Legislativa, de ser aprobado por ustedes servirá para amortizar en casi un 50% la deuda pendiente del Gobierno Central con la Caja, un hecho sin precedentes en la historia de la Institución.  Pero si el préstamo en sí mismo debe ser motivo de regocijo, también lo deben ser, por una parte, la innovadora modalidad escogida para su ejecución, la cual exige el cumplimiento de objetivos de gestión muy concretos antes de que se produzcan los desembolsos pactados. Y por la otra, el reconocimiento del Banco Mundial a Costa Rica y la confianza depositada en su Gobierno, que la concesión del empréstito conlleva.

 

Además, la cancelación de esta deuda permitiría a la Caja contar con recursos para construir tres hospitales y otra infraestructura prioritaria, mejorar significativamente el nivel primario de atención en salud, aumentar el número de cirugías ambulatorias, atender enfermedades crónicas, mejorar la atención al usuario, remozar los sistemas de información y fortalecer su sostenibilidad financiera. Todo ello en cumplimiento con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” y el “Plan y Agenda Estratégica para una CCSS Centenaria”.

 

He querido reseñar con algún detalle estos avances porque evidencian la profundidad de nuestro compromiso con las personas más necesitadas dentro y fuera del Gran Área Metropolitana.  Así como lo fue la construcción de la escuela y el CTP en La Carpio, en el caso de la Caja podría aludir a la nueva torre de servicios médicos de Nicoya como un ejemplo emblemático de la tarea que auspiciamos.  Esta clínica brinda ya servicios en 29 especialidades y es uno de los centros médicos de su tipo más avanzados de Centroamérica. Cuenta con servicios de atención en gineco-obstetricia, neonatología, pediatría y cirugía general, y se ha planificado para atender los requerimientos de los residentes de la zona durante los próximos 20 años. La estructura, que tiene un costo superior a los 20 millones de dólares, ya se encuentra finalizada en su primera etapa y dentro de pocas semanas se completará en beneficio de más de 150.000 pobladores de esa parte del país.

 

Es importante mencionar que esta torre médica se diseñó y se empezó a construir durante la Administración Chinchilla Miranda, algo que deseo reconocer – como siempre lo he hecho – con toda naturalidad.  La obra pública no “pertenece” a ninguna administración. Es del país y de las y los costarricenses a quienes beneficia. Por lo tanto grave sería que uno u otro Gobierno pretendiera “apropiársela” como si esta hubiese sido edificada con recursos del propio peculio presidencial. Miro la gestión gubernamental en esa perspectiva, sin mezquindades y sin agobios, como un proceso en el que unas y otras administraciones formamos parte de un continuo definido por el mandato popular.

 

COSTA RICA Y EL MUNDO

 

Desde hace años sabíamos que la globalización era una realidad que le impondría a los países responsabilidades sin precedentes. Sin embargo no es sino hasta muy reciente fecha que Costa Rica debe enfrentar desafíos globales como son los flujos migratorios de grandes proporciones que afectan a todas las regiones del mundo.

Durante los últimos meses del 2015 y hasta la fecha, nos vimos afectados por la llegada de miles de migrantes, primero cubanos y después de otros continentes, que buscan paso hacia los Estados Unidos de América. El Gobierno, junto con las comunidades y agencias internacionales, organizaciones religiosas y la empresa privada, asumió la atención de esta crisis humanitaria y logró brindarles las condiciones dignas a más de 6500 cubanos quienes eventualmente lograron continuar el viaje hacia su destino con el apoyo de México, Guatemala y El Salvador.

 

La respuesta del país fue ejemplar. Sin embargo, esta primera oleada de migrantes, que puso en evidencia la lucha de nuestro Gobierno contra el tráfico y la trata de personas, fue sucedida por otra cuya naturaleza es extra-continental, en un número y de una proveniencia que aún no se pueden determinar con exactitud.

 

Esta nueva ola de migración plantea desafíos que no pueden ser resueltos en el corto plazo. Si bien Costa Rica ha encontrado poco eco en la comunidad internacional al exigir su involucramiento activo en la búsqueda de una solución integral que necesariamente debe ser regional – situación que llevó a suspender nuestra participación de las instancias políticas del SICA, como protesta por la falta de solidaridad en momentos críticos, nos comprometimos a enfrentar esta situación sin menoscabo de nuestras obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, pero advirtiendo que esta intervención resultaría insuficiente si la cantidad de migrantes aumentase significativamente.

 

Mantenemos abierto el diálogo con las otras naciones para encontrar una salida regional a esta situación. Consideramos que es en el terreno regional y en las instancias internacionales donde debe encontrarse una solución concertada que armonice políticas de migración transnacional.

 

Nuestra credibilidad como socios en el concierto de las naciones tiene profundas raíces en el apego a los principios de nuestra política exterior.  Como país, hemos logrado constituir una red de vínculos que nos ha valido un sitial importante en la escena internacional como una democracia seria, amante de la naturaleza y de la paz.

 

Este bagaje fue determinante en el fallo histórico emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que se reconoció que el territorio de Isla Portillos, en la zona fronteriza con Nicaragua, es indisputablemente territorio soberano de la República de Costa Rica. Todavía está pendiente otro contencioso contra Nicaragua en esa Alta Instancia internacional.  En este caso referente a nuestros límites marítimos.  El Gobierno de la República continuará trabajando en este caso con tanta dedicación y diligencia como lo ha hecho hasta ahora en todos los anteriores.

 

Hemos logrado una aproximación con el Caribe por medio de la Asociación de Estados del Caribe y del CARICOM, con cuyos jefes de Estado y de Gobierno me reuní hace ya varios meses en Nueva York. Para el próximo año celebraremos una Cumbre Limón – CARICOM en la cual espero que esta Provincia juegue un papel protagónico. Queremos hacer realidad la aspiración de una zona que se mira como la puerta hacia la Gran Cuenca del Caribe. Una puerta que traiga cultura, innovación, comercio, turismo y bienestar a sus habitantes. Que dignifique a poblaciones históricamente excluidas tales como indígenas y afrodescendientes las cuales, por cierto, hemos reconocido en este último año como emblemáticas de una Costa Rica “multiétnica y pluricultural”, denominación que esta Asamblea Legislativa adoptó al modificar el primer artículo de nuestra Constitución Política.

 

La promoción y respeto a los Derechos Humanos ha sido honrada y reconocida mediante la aprobación de tres resoluciones propuestas por nuestro país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: en la participación en el acuerdo histórico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático; en la propuesta de modificación del sistema de elección de su Secretaría General y en la promulgación del reglamento que reconoce la condición de las personas apátridas en el territorio nacional.

 

Respecto de la defensa de los Derechos Humanos, me complace recordar la elección de la Dra. Elizabeth Odio Benito como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José.  También deseo recordar el denodado esfuerzo que hizo este Gobierno por cumplir a cabalidad, con la sentencia de dicha Corte en el tema de la Fertilización In Vitro que devolvió credibilidad a nuestro país como uno de los más reconocidos en el Hemisferio por su adhesión a los principios y valores de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

UN PAÍS QUE CRECE

 

Queremos un país próspero y solidario, capaz de brindar a sus ciudadanas y ciudadanos los beneficios de que son titulares, garantizando al mismo tiempo el crecimiento de una economía sana, vigorosa y altamente versátil, tanto en lo que toca a los mercados externos como internos. Una Patria de habitantes educados, de comunidades seguras, de empresas exitosas y de un ambiente limpio y sostenible del que todas y todos disfruten. Una Patria de jóvenes con empleo, de madres y padres de familia acompañados por una adecuada red de cuido, de personas adultas mayores cubiertas por pensiones dignas y por una salud pública de excelencia, solidaria y de acceso universal.

 

Asegurar el correcto funcionamiento del Estado en un contexto de gravedad fiscal requiere de agudeza técnica y altas dosis de consideración y desprendimiento político, pues de ello depende el mantenimiento de un entorno favorable para la actividad privada, de condiciones dignas para las y los trabajadores, y de elevar el nivel de bienestar de las comunidades de todo el país.  

 

Esa visión esperanzadora pasa inexorablemente por acometer con fuerza, sin timidez y con generosidad la gran reforma aún pendiente y necesaria para la Costa Rica del presente y del futuro. Hablo del fortalecimiento de la hacienda pública y de la gobernanza fiscal.

Y no lo digo con ligereza ni lo propongo con oportunismo. Solo seremos capaces de superar el riesgo del retroceso y del deterioro institucional, o lo que es lo mismo, solo evitaremos caer en la peligrosa inestabilidad que ha destruido a otras naciones, si dotamos a la sociedad nacional de un régimen tributario justo, eficiente, progresivo y transparente.

 

La sociedad costarricense está cada vez más consciente de la necesidad de mejorar la salud fiscal de su economía. En esa convicción se encuentran empresarios, sindicatos, iglesias, estudiantes, agricultores, la gran mayoría de ustedes, señoras y señores diputados presentes en este recinto legislativo, así como voces autorizadas de la economía internacional. Con ese convencimiento a la vista, procedo a informarles del estado de la Administración en lo que concierne al crecimiento económico y empleo de calidad.

 

El desempeño del país en este ámbito es fundamentalmente exitoso gracias a la seriedad y dirección del manejo macroeconómico dado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

Las medidas adoptadas, junto con una coyuntura internacional favorable, explican los alentadores niveles de crecimiento de nuestra economía, la estabilidad y transparencia del tipo de cambio, la contención del alza de las tasas de interés y el decrecimiento a cero de la inflación, algo que no se registraba desde 1977.

 

La actividad económica creció a un ritmo del 3,7% en el 2015. Desde hace más de siete meses, los indicadores muestran una continua aceleración económica, que les permite al Banco Central y al Fondo Monetario Internacional pronosticar para el 2016, un crecimiento de hasta el 4,2%, en momentos en que el BID señala que el ritmo de crecimiento de América Latina al 2020 será del 1,7% como promedio.

Es precisamente por eso que no es de recibo el peregrino argumento, repetido recientemente, que no ha habido mérito ninguno en el manejo macroeconómico del Gobierno alegando que las positivas cifras que se han mencionado son tan sólo un resultado derivado de la coyuntura internacional de precios bajos de los llamados “commodities”.  Si así fuera, ¿por qué sólo crecen unos pocos países en América y no todos ellos? ¿Es acaso que Costa Rica recibe del vaporoso mundo de “los mercados” un tratamiento preferente sobre otros países del área?

 

Este resultado es aún más meritorio pues las proyecciones del comportamiento del déficit fiscal para el 2015 eran que éste sería superior al 6%. Los esfuerzos de contención del gasto, mejora en la recaudación y eficiencia de procesos permitieron que se mantuviera por debajo de esa cifra. No obstante, como hemos sostenido, de no aprobarse el conjunto de proyectos de gobernanza fiscal y fortalecimiento de la Hacienda Pública que ya están presentados ante este Honorable Plenario, tendremos un escenario muy distinto para el 2018, donde podríamos enfrentar un déficit superior al 8%.

 

No deseo que ése se convierta en pronóstico para el próximo Gobierno. El mío podrá acabar su mandato sin sufrir grave deterioro como resultado del caos fiscal. Sin embargo el Gobierno que nos suceda se verá enfrentado con una situación verdaderamente agobiante que podría dar al traste con las excelentes perspectivas económicas que Costa Rica tiene para los próximos años. Y esto lo digo sin deseo de alarmar ni amenazar.  Nada más advierto sobre lo que se avecina según lo indican los analistas del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de los organismos financieros internacionales y de las entidades académicas. No podemos impulsar el desarrollo del país endeudándonos cada día más. Es mi obligación y mi responsabilidad decirlo sin timidez.

Durante la última campaña electoral se me criticó porque indiqué que, caso de ser electo, no buscaría el cobro de nuevos impuestos hasta el segundo año de mi mandato. Ello, con el fin de tener autoridad moral para solicitarlo sólo después de haber dado pruebas inequívocas de mejoramiento de la recaudación y de la calidad del gasto. Dije entonces que a mi juicio el déficit fiscal podía manejarse razonablemente en el marco de una propuesta progresiva, moderada, equilibrada y basada en un planteamiento integral donde gastos, nuevos ingresos y exoneraciones pudieran discutirse simultáneamente.

 

Hemos llegado al zenit de mi Administración y he cumplido con lo prometido. El conjunto de proyectos de Ley – técnicamente validados por los organismos internacionales – están ya presentados en sede legislativa. Son propuestas equilibradas de ingresos y gastos capaces de bajar el déficit fiscal en un 3,75%, una cifra suficiente para reducir de manera significativa el riesgo actual. Hasta la fecha sólo ha sido posible aprobar uno de los ocho proyectos y su avance ha sido exiguo. Incluso a contrapelo de lo que revelaciones recientes han indicado, respecto a la necesidad de establecer el registro de accionistas y beneficiarios finales de sociedades anónimas para reducir la evasión, la elusión y la legitimación de activos, resultó imposible aprobar el proyecto contra el fraude fiscal en el recientemente finalizado período de sesiones extraordinarias de esta Asamblea.

 

Si bien todavía estamos dentro de los plazos razonables para que, con un esfuerzo importante, se puedan aprobar los principales proyectos de fortalecimiento hacendario, los tiempos para que ello tenga el efecto positivo que esperamos, se están estrechando.  Mi Gobierno no cejará en el esfuerzo por lograrlo y creemos sincera y firmemente que existe en la mayoría de este Pleno la voluntad para alcanzar la meta indicada.  Pero debemos cerrar filas y trabajar pensando en Costa Rica primero.  El Gobierno de la República ya hizo su parte y continuará desarrollando la hoja de ruta que se trazó para acompañar a la Asamblea Legislativa en la fase que viene.  Pero debe haber claridad. Son ahora las señoras y señores diputados quienes tienen en sus manos la responsabilidad de resolver. Y espero que lo hagan con prontitud y sabiduría.

 

Los esfuerzos en control del gasto han sido importantes. Solo en el 2015 el ahorro asociado a recortes presupuestarios con aprobación legislativa, la acción de la Directriz Presidencial № 23 que congela y prohíbe la creación de nuevas plazas y controla partidas como tiempo extra, viajes y consultorías; y la estrategia de gestión de deuda, junto con el manejo de la Caja Única, ascendió a más de 141 mil millones de colones. Adicionalmente, cerca de 32 mil millones de colones de pago de intereses serán evitados a futuro por la reducción de las tasas de interés en ese mismo año.

 

Sin embargo, el Gobierno ha sido claro que no es por medio de un recorte draconiano del gasto público que se alcanzará la sostenibilidad fiscal. Nuestro enfoque ha sido plasmado en una agenda legislativa y de cambio institucional orientada alrededor de tres pilares: orden, disciplina e impacto. Los proyectos de pensiones y manejo eficiente de la Caja Única son una muestra de ese primer pilar. Por su lado, el anuncio del proyecto de Regla Fiscal ejemplifica la disposición de este Gobierno por disciplinar la gestión de las erogaciones estatales en el mediano plazo. Finalmente, somos conscientes de que el gasto estatal debe transformarse en bienes y servicios que impacten positivamente a la población costarricense. Los avances en presupuesto por resultados y el proyecto de vincular anualidades con resultados son esfuerzos que buscan precisamente incrementar la calidad y la eficiencia del gasto. Es la visión estructural, de largo plazo, la que debe prevalecer.

 

Rechazo categóricamente por incorrectas, afirmaciones que tildan al Gobierno de despilfarrador e incongruente con su llamado a la búsqueda de gobernanza fiscal. Todos en mi Gobierno asumimos nuestros puestos con la firme convicción de reencauzar a Costa Rica por el camino de la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad, en un marco de cumplimiento de la ley.  Somos un equipo de trabajo cuyo propósito primario es resolver y honrar tareas largamente postergadas, que habiendo sido generadas muchos años atrás, lo cierto es que pesan sobre todas y todos los costarricenses, independientemente del equipo a cargo del Gobierno.

 

Ese ánimo restaurador se manifiesta en el presupuesto de la República del 2015, el cual tuvo que hacer frente al mayor crecimiento de pago de deuda de los últimos años a la vez que aumentaba cerca del 13% el presupuesto del Ministerio de Educación Pública – precisamente el de la planilla más grande del país – y realizaba aumentos salariales conforme una inflación heredada del 4.14%, según práctica común desde el año 2007. Ello, de acuerdo con las directrices presupuestarias emitidas por la administración anterior, tan solo un mes antes de que este Gobierno asumiera sus funciones.

 

Los invito a hacer un examen cuidadoso del gasto controlable del Gobierno, en el que analicen y comparen el comportamiento y peso relativo de cada una de sus partidas a lo largo del tiempo; podrán constatar la estricta coherencia con las necesidades de fortalecimiento de la hacienda pública.

 

En materia de convenciones colectivas, el Ministerio de Trabajo se ha abocado a denunciar y renegociar cláusulas con privilegios excesivos de al menos ocho convenciones, lo que a diciembre pasado ya había generado ahorros al Estado por 17.700 millones de colones.  Somos la Administración que más convenciones colectivas ha denunciado con el fin de adaptarlas a los nuevos tiempos. Es importante señalar que estas acciones no buscan atentar ni contra las convenciones colectivas ni contra los derechos adquiridos de los trabajadores del Estado. Más bien buscan garantizar condiciones de equidad para todas y todos esos trabajadores, mediante la eliminación de beneficios excesivos que constituyen factores de discriminación laboral inadmisibles en momentos en que la salud financiera para el país se encuentra en riesgo.  Para los años 2016 y 2017 esperamos denunciar 12 convenciones más.

 

En relación con los ingresos, los esfuerzos en recaudación permitieron que, por primera vez en cuatro años, los ingresos totales crecieran más que los gastos totales. En estos resultados incidió la introducción de la Administración Tributaria Virtual (ATV), plataforma que facilita el proceso de declaración de impuesto de la renta, los cuales se consolidarán a futuro con la unificación de veinte sistemas y diez esquemas legales de compras públicas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

 

Tal como fue anunciado hace meses, logramos reducir las tasas de interés de los préstamos que personas y empresas requieren para sus necesidades y operaciones de gasto e inversión, lo que favorece la situación de las familias y el dinamismo económico de las comunidades.

La Tasa Básica Pasiva disminuyó 160 puntos base en los últimos doce meses, alcanzando el nivel más bajo desde el año 2008. Dicha medida no solo reduce los costos de endeudamiento de la población, sino que permite un entorno más favorable para la inversión productiva en el país, lo que sin duda contribuye con la sostenibilidad del ritmo de crecimiento y con la lucha por disminuir los niveles actuales de desempleo.

 

Si bien, el desempleo continúa siendo un flagelo contra el que Costa Rica ha luchado infructuosamente desde hace muchos años, el país marcha en la dirección correcta. Todavía el descenso en las tasas de desempleo es demasiado pequeño como para que rompa con la tendencia histórica que oscila entre el 8% y el 10%. Aún lidiamos con grandes dificultades para reducir este fenómeno en las y los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y la población de menor escolaridad. Sin embargo, la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra un descenso de casi un punto porcentual que creemos se verá fortalecido gracias al programa “Mi Primer Empleo”, que ha logrado sumar 900 empresas a esta iniciativa.

 

Hemos trabajado en la re-conceptualización de las redes de cuido como trabajo y promovido la inserción laboral de las mujeres, con guías para el control y permanencia de éstas en sus espacios laborales. Con ese propósito hemos creado el sello de equidad de manera que más empresas certifiquen sus procedimientos de igualdad y de corresponsabilidad del cuido.

 

Estas acciones han valido a Costa Rica el reconocimiento de las Naciones Unidas cuyo Secretario General ha tenido a bien nombrarme copresidente de un prestigioso panel internacional sobre el empoderamiento económico de las mujeres.

 

Señoras y señores diputados, como pueden ver, la situación actual y las perspectivas de crecimiento económicos son altamente satisfactorias, solo puestas en riesgo por la situación fiscal del país, que no es posible atender únicamente mediante más recortes al presupuesto.

La postergación de la reforma fiscal traería consigo el aumento de las tasas de interés de los préstamos de personas y empresas, y el deterioro en las calificaciones de riesgo por parte agencias internacionales, lo cual impediría conseguir el financiamiento que el Gobierno necesita para hacer muchas de las obras que este país requiere para seguir creciendo.

 

Aún a riesgo de lucir repetitivo, con todo respeto permítanme reiterar, porque no podré hacerlo ante este Plenario hasta dentro de un año cuando ya será demasiado tarde si no actuamos pronto y de manera decisiva: hemos presentado a la Asamblea Legislativa proyectos de ley para recortar el gasto, mejorar la gestión tributaria, combatir la evasión, mejorar la transparencia financiera y aumentar la recaudación, la cual, junto con proyectos planteados por diputados y diputadas, conforman el eje legislativo de la agenda de gobernanza fiscal que requiere el país.

 

Para consolidar la estabilidad económica y reactivar la economía, el Gobierno ha sido consistente con la palabra empeñada: cumplimos con la promesa de no aplicar impuestos durante los dos primeros años de Gobierno; cumplimos al realizar mejoras sustantivas en el gasto; cumplimos al lograr una mejor recaudación; cumplimos al introducir transparencia en el gasto y cumplimos al presentar ocho proyectos de ley, que están en conocimiento de esta Asamblea Legislativa:

Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (Expediente legislativo № 19.555)

Ley del Impuesto Sobre la Renta (Expediente legislativo № 19.678)

Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado (Expediente legislativo № 19.679)

Impuesto a las personas jurídicas (Expediente legislativo № 19.818)

Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino (Expediente legislativo № 19.531)

Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal (Expediente legislativo № 19.245)

Ley de Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto de Pensiones (Expediente legislativo №19661)

Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad (Expediente legislativo № 19.787)

 

Como he indicado, el resultado de estas acciones reducirá el crecimiento del déficit fiscal, pero es insostenible garantizar estabilidad macroeconómica mediante mayores recortes a un presupuesto que es rígido en un 95% o, por razones de estabilidad social y seguridad pública, a la planilla del Estado en forma masiva. Es necesario decirlo claramente: el 2015 cerró con la recaudación tributaria más alta de los últimos 7 años, equivalente a un 13,7% del PIB.

 

Por esa razón estoy convencido de que somos capaces de devolver funcionalidad al aparato estatal y fortalecer la competitividad nacional. El Poder Ejecutivo demuestra fehacientemente que ha hecho la tarea, sin reparar en el consabido costo político que esta discusión necesariamente acarrea. Llegó la hora de que la Asamblea Legislativa actúe en correspondencia y le otorgue a Costa Rica el bienestar asociado a este conjunto de reformas.

 

Al hacerlo, piensen en las familias que necesitan la inversión del Estado para mejorar sus condiciones de vida; en los niños, niñas y adolescentes que merecen la mejor educación posible. Piensen en la justicia social por la que lucharon el doctor Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, don Manuel Mora y don Pepe. También en la seguridad ciudadana, en cerrarle las puertas al lavado de dinero y al crimen organizado, en la calidad de los servicios de salud. Hagamos posible una Costa Rica fortalecida, una Costa Rica que nos cobije a todos y todas sin reparar en banderías políticas o desavenencias con el Gobierno de turno.

PRODUCCIÓN

Y COMPETITIVIDAD

 

Desde hace años se compara la economía costarricense con una nave impulsada por dos motores que deben estar bien aceitados y entonados.  El primero de ellos es altamente dinámico y competitivo, derivado de un modelo de desarrollo con orientación al comercio internacional y al sector de servicios.  El segundo, principalmente constituido por actividades económicas dirigidas al mercado interno o regional, que ha permanecido durante años desprovisto del apoyo de políticas públicas que le permitieran desarrollar todo su potencial.

 

La convicción de esta Administración es que el país debe velar por el buen desempeño de ambos motores, para lo cual debe promover las condiciones que se requieran para que mejore el desempeño económico tanto del mercado interno como del externo. Este Gobierno fue elegido bajo la consigna del cambio, pero no un cambio revolucionario que insensatamente lleve a inclinar abruptamente la balanza de apoyos y políticas hacia uno de estos mercados, sino un cambio que se sustenta en la vía costarricense: un espacio de convergencia y entendimiento nacional de donde han salido los mejores acuerdos que ha alcanzado este país.

 

El 2015 fue un año de profundos desafíos en el comercio internacional. Las exportaciones de las 20 mayores economías del mundo cayeron 11% y los flujos de inversión extranjera directa hacia América Latina cayeron 23%. No obstante ello, la inversión hacia Costa Rica creció un 3,7%. Nuestras exportaciones de servicios crecieron un 5% y si excluimos microprocesadores, las exportaciones de bienes se mantuvieron constantes. Al revisar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con satisfacción confirmamos que la meta de inversión fue superada y el país logró el 96% de la meta exportadora pese a los graves impactos generados por la salida de parte de las operaciones de manufactura de INTEL y los efectos devastadores que tuvieron sobre el sector agroproductivo y las carreteras, caminos y puentes, los temporales en la vertiente Norte y Caribe y la sequía en Guanacaste y el Pacífico Central.

 

Hemos propiciado facilidades para exportar con el impulso a la modernización de las fronteras; con mejoras en infraestructura y equipamiento de los centros de control, que incluye esquemas para intercambio de información con países vecinos, y la implementación del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, para simplificar trámites en este campo. Adicionalmente, presentamos a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley para modernizar todos nuestros puestos de frontera terrestres e introducir sistémicamente la facilitación de comercio en nuestras prácticas institucionales, lo cual contribuirá a bajar tiempos y costos al comercio y mejorar nuestra competitividad.

 

Costa Rica logró captar 32 nuevos proyectos de inversión en los sectores de servicios, ciencias de la vida, manufactura liviana y manufactura avanzada, producto de un esfuerzo intenso estrechamente coordinado por COMEX y CINDE. El flujo total de IED alcanzó los 2.850 millones de dólares. En términos de empleo, estos proyectos generaron 12.000 nuevos empleos directos.

 

El 2015 se consolida como un año excepcional en la historia del turismo en Costa Rica.  Los esfuerzos por consolidar nuestros vínculos con el mundo, se complementan con una vibrante actividad en un sector generador de inversiones, empleo, desarrollo y promoción de la identidad costarricense. Solo el año anterior, esta industria contabilizó más de 2.800 millones de dólares por concepto de divisas, para un crecimiento de casi el 9%, con respecto al 2014.

 

La mejora de la inteligencia de mercados y la promoción en el exterior arrojan resultados exitosos en todos los renglones de medición de la actividad turística nacional, siendo los principales el aumento de nueve aerolíneas que deciden volar a Costa Rica y seis que incrementaron la frecuencia de sus vuelos; el crecimiento a más de 2.6 millones de llegadas internacionales por todos los puertos, que equivale a un aumento del 5,5% con respecto al 2014; y los avances en el proyecto de construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, el cual es parte sustantiva de la estrategia para competir en el mundo por la industria de reuniones, junto con el turismo rural, el de bienestar y el social.

 

En días recientes, despertó la discusión sobre la conveniencia para el país de adherirse al mecanismo de integración comercial “Alianza Pacífico” en el cual en estos momentos Costa Rica es observadora.  Este instrumento es un espacio de interacción importante para una parte de la economía costarricense, precisamente para la más dinámica y con vocación comercial, la que más se ha fortalecido en las décadas recientes.Los sectores que despuntan en este contexto, la requieren para continuar expandiendo sus fronteras de negocios, generando empleos y aumentando la competitividad del país. También es cierto que otros sectores, como los agroproductivos y manufactureros vinculados a los mercados locales y regionales, han expresado consternación ante la posibilidad de abrir negociaciones para ingresar como miembros plenos a esa Alianza.  El debate no ha sido ni será apacible, pero resulta importante acometerlo con amplitud y colocando sobre la mesa todos los elementos de juicio disponibles para aclarar en todos sus extremos –algo que no se hizo durante las discusiones sobre el TLC entre los EEUU, Centroamérica y la República Dominicana- los impactos positivos y negativos, reales y potenciales, del instrumento en la economía nacional.

 

No obstante, y pese a la urgencia de resolver en definitiva esta cuestión, debo señalar con toda franqueza que mientras Costa Rica no haya resuelto lo relativo al Plan Fiscal, cualquier decisión en torno a la Alianza del Pacífico resulta inútil.  Nuestro país no podría navegar con éxito en esas aguas sin contar con la fortaleza tributaria y competitiva requeridas para garantizar la supervivencia de muchas de nuestras empresas.

En concordancia con lo dicho en la pasada campaña electoral y lo sostenido en otros espacios, reafirmo que es propósito de este Gobierno destinar preferentemente sus recursos económicos y políticos a encender el segundo motor de la economía, mediante el adecuado acompañamiento de la política pública, con el propósito de equilibrar las velocidades e intensidades del mercado externo y el mercado interno.

 

Bajo esta misma premisa, y en aras de mejorar la administración de los tratados comerciales existentes, el Ministerio de Comercio Exterior creó las direcciones de Aprovechamiento y de Investigación y Análisis Económico, dirigidas a potenciar la política, la acción y la vinculación del comercio exterior con los ecosistemas productivos nacionales y su institucionalidad.

 

AL RESCATE DEL

MERCADO INTERNO

 

Me congratulo en dar cuenta de los ingentes esfuerzos realizados a la fecha por equilibrar ambas dimensiones del desarrollo nacional con resultados esperanzadores.

 

Entre las mayores contribuciones al desarrollo del mercado interno se encuentra el impulso otorgado al Sistema de Banca para el Desarrollo. Con satisfacción, les informo que en el 2015 se colocaron créditos por más de 127 mil millones de colones dirigidos a MIPYMES; es decir, en solo un año se asignaron dos terceras partes del total de fondos colocados por este sistema en toda su historia. Resalto el hecho que esto es posible gracias a la Ley de Garantías Mobiliarias que ustedes felizmente aprobaron, la cual admite nuevos tipos de garantías como respaldo de los créditos a MIPYMES.  A la fecha se cuenta con más de 6.000 registros mobiliarios y se ha logrado duplicar la disponibilidad de recursos en el Sistema de Banca para el Desarrollo, gracias a la publicación en tiempo récord del reglamento a la ley, que habilitó la utilización del Fondo para el Financiamiento del Desarrollo.

 

Con la intención de emular para el mercado interno el exitoso impacto que PROCOMER ha tenido para el desarrollo del sector exportador, en noviembre pasado presentamos el proyecto de ley para la creación de la Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado – FOMPRODUCE – ente articulador de la oferta pública de servicios no financieros para la economía interna, que agrupa programas, departamentos y fondos relativos al desarrollo productivo, con el propósito de darle coherencia a la gestión del Estado frente a este sector.Confío en que ustedes compartan el mismo espíritu visionario que motivó a los legisladores de 1996, que se atrevieron a hacer el ajuste institucional para la creación de PROCOMER, una de las agencias que ha dinamizado el primer motor de la economía nacional.

 

Expreso mi agradecimiento a las señoras y señores diputados por la venia otorgada al contrato de préstamo para la construcción del mercado regional mayorista de la Región Chorotega, el primero de cuatro que están planificados en el resto del país.  Este contrato, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, establece un monto de 28.500 millones de colones para la construcción y puesta en marcha del nuevo mercado mayorista, que transforma la estructura productiva agrícola de la toda la Región Chorotega.

 

Seguimos impulsando la agregación de valor en el medio rural, mediante el apoyo con servicios financieros y no financieros de manera integrada, con el fin de dinamizar las economías de zonas que anteriormente fueron desatendidas y que hoy cuentan con bajos y frágiles niveles de desarrollo productivo y social.  El CNP avanza en la construcción de una planta incubadora piloto para un Centro de Valor Agregado Agropecuario en la zona norte, y se planifica el desarrollo de otros centros similares en la Región Brunca y en la Región Chorotega.

 

Este Gobierno ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a la reconstitución del sector agro productivo. Se ha reiniciado el trabajo de extensión agrícola, se busca aumentar la conectividad mediante centros de valor agregado, construimos infraestructura para el riego, diseñamos vínculos para el aprovechamiento de banca para el desarrollo, estamos avanzando en el registro de agroquímicos y buscamos un mejor ordenamiento del mar con el fin de aprovechar, en un marco de sostenibilidad y uso responsable, los extraordinarios recursos que nuestras aguas ofrecen.

 

Pero esto no es suficiente. Se requiere de un planteamiento mucho más potente que no podría garantizarse sin la vigencia de la gobernanza fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo.

INFRAESTRUCTURA

QUE AVANZA

 

Hace un año anuncié que romperíamos con el adormecimiento en el desarrollo de obras de infraestructura importantes que inciden en la recuperación del dinamismo de la economía.  En este último año, logramos avanzar con paso firme en la negociación del contrato de la Carretera San José – San Ramón con el Banco de Costa Rica, lo que permitirá someterlo a refrendo de la Contraloría General de la República en aproximadamente un mes. En relación con la ruta 32, celebramos que la Contraloría General de la República refrendara el contrato que nos permitirá dar inicio con este proyecto tan largamente esperado.  Sobre la carretera Sifón – La Abundancia, cuenta con un avance superior al 80% y me satisface señalar que está en estudio el prediseño de la llamada “Punta Sur” de esta vía que la conectará con la carretera Interamericana.  La construcción de la “Punta Norte” a cuatro carriles, por su parte, avanza sin contratiempos.

 

La entrega de la carretera Cañas – Liberia está prevista para julio de este año y los proyectos de reparación y ampliación de los puentes sobre el Río Virilla en Heredia, Tibás y la autopista General Cañas, este último conocido como La Platina, avanzan a buen ritmo. Algunos de ellos estarán habilitados antes de que termine este año.

 

Reitero mi agradecimiento a ustedes, señoras y señores diputados, por la aprobación de la ley que transfiere recursos a los gobiernos locales para la atención de la red vial cantonal. Con ella, ustedes no solo aseguran cuantiosos recursos para el 80% del total de carreteras y caminos de todos los territorios, sino que colocan a las municipalidades como gestoras del desarrollo de sus territorios en obra pública, de encadenamientos productivos y de generación de empleo.

 

Igualmente agradezco el apoyo brindado por ustedes al avance del proyectos para el Fortalecimiento del INCOFER. Una vez convertido en ley, esta entidad estará en posibilidad de llevar adelante sus funciones de manera un poco más holgada y participar, como queremos, en el desarrollo de un verdadero transporte urbano de pasajeros para el Valle Central. En ese sentido, el INCOFER ya habilitó el servicio de trenes a San Joaquín de Flores, pronto lo hará en Alajuela y avanza en la rehabilitación de la vía férrea para el Caribe para el transporte de carga.

 

La perspectiva de mejoramiento de la logística para el comercio internacional es muy positiva.  No solo por el adecuado funcionamiento del puesto fronterizo de Las Tablillas y el pronto inicio de operaciones del ferry entre puerto Caldera y el puerto La Libertad en El Salvador, si no también, por la modernización que experimentan los puertos turísticos y de carga en nuestras provincias costeras.

 

DESEAMOS ADOPTAR

LAS MEJORES PRÁCTICAS

 

Es claro que la actividad productiva y empresarial del país se apoya fundamentalmente en la salud del ecosistema de negocios existente y, de manera aún más determinante, en las condiciones de competitividad y de seguridad jurídica que ofrece el país.  La búsqueda de la eficiencia ha desvelado a los estados latinoamericanos desde la década de los noventa, y sin embargo, continúa siendo una tesis central en la práctica de mi Gobierno.

 

Trabajamos para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una prestigiosa organización de la que forman parte los países más desarrollados del mundo, y en la cual los Gobiernos trabajan juntos para compartir experiencias, buenas prácticas y aprender unos de otros, buscando soluciones a los desafíos comunes e identificando oportunidades y formas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

 

Nos hemos fijado una meta ambiciosa: ser parte de este Foro antes de mayo 2018. Para lograrlo, más de 30 instituciones de nuestro sector público trabajan de la mano de la OCDE y bajo la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior, en 22 evaluaciones que analizan y comparan nuestras políticas, programas y sus resultados, con los estándares que han generado mejores condiciones de vida, más innovación, productividad, competitividad y crecimiento económico, y, en general, más eficiencia, eficacia y transparencia en el Estado y en los mercados.

 

Este proceso implicará evaluar, por ejemplo, si tenemos la estructura y las condiciones necesarias para asegurar competencia en nuestros mercados y con esto, mejores precios para los consumidores. Nos permitirá revisar si las herramientas con las que cuenta nuestra administración tributaria son suficientes para combatir la evasión y la erosión fiscales; si nuestra estructura impositiva permite sostener el nivel y calidad que todos deseamos tengan nuestros servicios públicos; si nuestro sistema educativo responde a las demandas de los tiempos actuales y, más importante, si tiene las condiciones para catapultarnos al futuro; si nuestro aparato estatal es eficiente, eficaz y transparente.

 

El proceso va a demandar decisiones complejas, reformas sustantivas, algunas reiteradamente pospuestas hasta ahora. Ciertamente, al igual que los demás proyectos estratégicos, su avance y concreción dependen de la salud de las finanzas y la adopción de leyes como la de combate al Fraude, tema medular para la OCDE que de no ser asumido como prioritario por Costa Rica como propone este Gobierno, inhibiría nuestra participación en esa Organización.

 

Este convencimiento permite que, con satisfacción, hoy Costa Rica muestre avances sustantivos en materia de simplificación de trámites.  Con renovada fortaleza y mucho sentido de realidad, se ha combatido el exceso de trámites con la formulación de 64 planes de mejora regulatoria para simplificar 160 trámites, relativos a planes reguladores y ordenamiento territorial, permisos sanitarios de funcionamiento, comercialización de alimentos, registro de medicamentos, registros topográficos y de agrimensura, entre otros.  

 

Asimismo, la simplificación del sistema de registro y traspaso de propiedades, del sistema de aprobación de planes de construcción, de modernización del catálogo nacional de trámites y de lo establecido en el reglamento de SETENA, son parte de los 109 trámites que pretendemos simplificar en los próximos doce meses.

 

En 24 meses de trabajo, con el apoyo del sector privado, logramos escalar 21 posiciones en el ranking del Banco Mundial “Doing Business” 2016, siendo la casilla 58 el mejor resultado obtenido por el país en este indicador que monitorea la facilidad para hacer negocios en 189 economías del mundo.

 

Señoras y señores diputados, en casi 24 meses de Gobierno, hemos logrado mover la aguja del desarrollo del país.  Sin embargo, lo actuado continua siendo insuficiente ante la estatura del reto de colocar al país en la senda del desarrollo.  Debo reiterar que todo lo alcanzado es ciertamente esperanzador, sin embargo, puede ponerse en riesgo si no tenemos una solución integral al problema de salud fiscal que experimenta el país.

LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EXTREMA

 

Durante poco más de dos décadas Costa Rica ha tenido datos socioeconómicos casi inamovibles, y sin políticas públicas ambiciosas y articuladas en el tiempo para su abordaje. Pese a visiones rígidas e incomprensiones, estamos propiciando un cambio que sentará las bases para la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad, imperativos éticos para la acción de un Estado que quiere cumplir con su deber de garantizar el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos.

 

El desarrollo humano es una solución que apunta a las libertades reales que tienen las personas. Y yo me pregunto ¿quién puede ser libre en la miseria, sin ser esclavo de sus peores circunstancias, aunque viva en una democracia?

 

La Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza “Puente al Desarrollo” cumplió un año en el que han mejorado las condiciones de salud y alimentación de las personas que no eran visibles a los ojos de las instituciones del Estado y ha sentado las bases para que los hijos de esta personas tengan acceso al trabajo, gracias a su permanencia en el sistema educativo.

 

No estamos esperando que aquellos que más necesitan inicien un calvario por las instituciones rogando por ayuda. Cogestores especializados y motivados les están visitando directamente en sus viviendas, y elaborando con ellos planes de acción que atendemos de forma directa para mejorar cada una de sus carencias, considerando a todos los miembros de la familia. Y contamos por fin con un único registro actualizado y de cobertura nacional de todas las personas beneficiarias de ayudas sociales, algo que en nuestra historia nunca había existido y que ordena el esfuerzo que hacemos por estas poblaciones, y lo potencia.

 

De esta manera, el otorgamiento de las becas Avancemos y FONABE, la asignación de bonos de vivienda, las opciones de formación y capacitación del INA y el INAMU, la atención en los CEN-CINAI y la asignación de pensiones del régimen no contributivo de la Caja, se articulan en función de las necesidades de las 27.388 familias más vulnerables, ubicadas en 75 distritos prioritarios de todo el país.

 

Comenzamos a visibilizar y a priorizar políticas públicas con visión de desarrollo humano, dirigidas a poblaciones vulnerables, como ese 21% de personas que vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema; cuyas posibilidades laborales, de acceso a la educación, a una alimentación adecuada y a atención básica en salud han sido precarias o inexistentes, en el peor de los casos, durante décadas.

 

Como parte de las acciones para disminuir las brechas de desigualdad, apostamos a la educación de calidad y al fortalecimiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.  Por ello, estamos invirtiendo más de 300 millones de dólares, para democratizar el acceso a las TIC, disminuir la brecha digital y ofrecer un servicio universal con solidaridad en zonas con mayor vulnerabilidad, mediante la Estrategia Nacional de Acceso y Servicio Universal Solidario Costa Rica Digital.

 

Hemos abocado nuestros empeños hacia otras poblaciones históricamente discriminadas como son las personas adultas mayores, la población LGBTTI, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la población menor de edad, la población migrante, las personas afrodescendientes y las mujeres.  A este respecto hemos impulsado políticas públicas y acciones específicas para la inclusión laboral, la formación técnica, el emprendedurismo, la autonomía económica y el reconocimiento de derechos civiles y culturales, con apego a los instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

 

En materia de vivienda, se trabaja en dar solución a los problemas históricos de titulación que se arrastran, así como en el ordenamiento territorial y en el reasentamiento de personas.  Los fondos presupuestados para la emisión de bonos de vivienda han sido los más cuantiosos de los últimos 7 años, ascendiendo a 87 mil millones de colones, que permiten el otorgar más de once mil soluciones de vivienda y la titulación de más de mil propiedades en varios puntos del país.

 

Finalmente, el INVU ha cancelado la deuda por más de 567 mil millones de colones al BANVHI, arrastrada desde hace 15 años, lo que permite tener respaldo financiero para la ejecución de proyectos habitacionales y el trámite de bonos individuales para las personas con mayor necesidad.  

 

En estos dos años, mi Gobierno ha trabajado con la convicción de que las políticas económicas y financieras, deben tener y tienen el mismo peso que las políticas sociales encaminadas al cumplimiento de los Derechos Humanos. Sin embargo, debo nuevamente señalar el riesgo en que se incurre cuando, debido a la debilidad del fisco, constatamos que el país podría quedarse sin recursos suficientes para invertir en el desarrollo de su principal recurso: la gente.

 

UN GOBIERNO ABIERTO

 

El compromiso con la mejora de los servicios públicos, el fomento de la transparencia de las instituciones, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la rendición de cuentas de la Administración se plasma en la iniciativa Gobierno Abierto.  En este esquema, instituciones públicas, sector empresarial, academia y sociedad civil, contribuyen a modernizar el Estado por medio del fortalecimiento de los niveles de transparencia, el acceso democrático a la información pública, la participación ciudadana y la generación de espacios de trabajo colaborativo, interinstitucional y ciudadano.

 

Nos encontramos en un proceso de actualización y ampliación del acceso a la información de todas las instituciones del Poder Ejecutivo.  Contamos con la plataforma de datos abiertos en la Presidencia de la República y en pocos días presentaremos un decreto de acceso a la información de las instituciones e iniciaremos el proceso de construcción de la norma técnica “open data” para obligar a las instituciones a abrir su información a la ciudadanía.

 

En consecuencia, la gestión de Gobierno no solo es cada vez más pública, sino que está sujeta a un permanente ejercicio de evaluación mediante la Agenda Nacional de Evaluaciones.

COMBATE A LA

CRIMINALIDAD

 

Al igual que el resto de la región centroamericana, Costa Rica está expuesta a la intensa y dinámica actividad de la criminalidad organizada internacional.  Hemos centrado las operaciones de los equipos de seguridad y policía a la desarticulación de estas organizaciones, al decomiso de toneladas de drogas, a la prevención del delito común y la dotación de infraestructura policial en varios puntos del país. De manera específica, elevamos las capacidades de alerta y control en nuestro océano Pacífico, mediante la instalación de un potente radar de alta tecnología en la Isla del Coco.

 

Mejoramos la infraestructura carcelaria mediante la construcción y equipamiento de unidades productivas, así como de la reubicación semi institucional para atender el problema de hacinamiento carcelario, el cual ha generado más de 20 resoluciones de acatamiento obligatorio para el Gobierno, emitidas por la Sala Constitucional y los Juzgados de Ejecución de la Pena.

Las dimensiones y complejidad del problema de seguridad que Costa Rica enfrenta, llevó a los tres Poderes de la República a acordar en octubre pasado el avance en el intercambio de datos sobre criminalidad, la homologación de información policial y a madurar la agenda legislativa relacionada con seguridad y criminalidad organizada.  Asimismo, se estimó conveniente iniciar el debate sobre la conveniencia de permitir la extradición de nacionales en los casos de delitos de narcotráfico, sicariato, tráfico de personas y terrorismo.

 

La agenda del país en materia de seguridad nacional se orienta a aumentar la preparación en el uso de nuevas tecnologías para el control de flujos migratorios irregulares; optimizar la capacidad real de operación de embarcaciones de control en alta mar y fortalecer el resguardo del espacio aéreo; establecer un adecuado control para la selección, contratación y monitoreo del desempeño ético de los oficiales de seguridad; superar el rezago en la construcción y mantenimiento de infraestructura penitenciaria; y promover la armonización de las leyes contra el crimen organizado en Centroamérica y el Caribe para facilitar la persecución de esta actividad transnacional.  Muy pronto Costa Rica contará con nuevas y más adecuadas instalaciones para la Escuela Nacional de Policía ubicada en Guápiles, gracias a la cooperación de la República Popular de China y el apoyo en equipamiento de la Unión Europea.

 

En consonancia con lo anterior, agradecemos los grandes avances en la discusión legislativa de los proyectos de extinción de dominio y creación de la dirección de inteligencia estratégica nacional. Asimismo, instamos a la Asamblea Legislativa a que dé trámite, con el mismo sentido de responsabilidad y urgencia, a los proyectos de ley impuesto a sociedades anónimas y creación de la jurisdicción especial contra el crimen organizado.En estas materias deseo expresar un muy señalado reconocimiento a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico cuyo presidente, el diputado Antonio Álvarez Desanti y compañeras y compañeros han jugado un papel determinante en la tramitación de estos proyectos de Ley.

LA AGENDA LEGISLATIVA

 

Señoras y señores diputados, renuevo mi compromiso con el diálogo, la apertura y la transparencia frente a un Congreso multipartidario y plural en pensamiento, que ha dado muestras de capacidad articulación y compromiso con el bienestar de la Nación.

 

A pesar de las deudas acumuladas con los grupos, sectores y comunidades que abogan por cambios concretos en nuestro ordenamiento jurídico, la diversificación productiva, la institucionalidad y la transformación del Estado, mantengo la convicción de que juntos, ustedes y nosotros, sabremos dar respuestas oportunas a estas demandas.

 

Al término del segundo año de Gobierno, destaco los significativos esfuerzos y la buena disposición del pleno legislativo de dar vida a la ley para mejorar la lucha contra el contrabando; a la primera ley Especial para la transferencia de competencias para la atención de la red vial cantonal, a la que permite la reactivación de las MIPYMES del Sector Turismo Costarricense; la nueva ley de JUDESUR y a la aprobación de la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional.  Asimismo, saludo la reforma a la ley de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que ajusta el alquiler de la vivienda al comportamiento de la inflación y la declaratoria del carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica.

 

Es ineludible subrayar la histórica contribución a los derechos de las y los trabajadores mediante la aprobación de la Reforma Procesal Laboral; modernización pospuesta a pesar de la evidente urgencia del cambio en los procedimientos a cargo de los Tribunales de Trabajo. Junto con la Reforma del Código Civil, son la muestra de que se pueden lograr acuerdos nacionales, en un marco multipartidista y de diversidad de agendas.

 

Reconozco el gran avance dado al proyecto de fortalecimiento del INCOFER y promoción del tren eléctrico interurbano de la GAM (Expediente legislativo № 18.252), que recibió ya su aprobación en primer debate por parte de este plenario; y a la reforma a la ley de Creación del CONESUP, relativa a la calidad de la educación privada (Expediente legislativo № 19.549), que recientemente fue dictaminada por la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Educación de forma unánime. Igualmente miro con entusiasmo la posibilidad de una pronta aprobación de la Ley sobre el Bienestar Animal, a la cual le ha llegado su hora con el apoyo de miles de costarricenses.

 

Señoras y señores diputados, la tercera legislatura de este periodo constitucional es crítica, no para la marcha de este Gobierno, sino para el porvenir de la sociedad costarricense. La profundidad de las iniciativas solo puede mirarse más allá de las banderías políticas, con la plena conciencia de los retos que tiene el país en materia de reconocimiento de derechos, progreso económico y convivencia democrática.

En consecuencia, respetuoso de la división de poderes en la que se apoya nuestra democracia, les insto a avanzar prioritariamente hasta la aprobación definitiva de los proyectos de ley: reforma del delito de soborno transnacional (Expediente legislativo № 19.904), autorización al ICE a desarrollar obra pública (Expediente legislativo № 19.793), creación del Instituto Nacional de Infraestructura Vial (Expediente legislativo № 19.900), la autorización para el desarrollo de infraestructura de transporte mediante fideicomiso (Expediente legislativo № 19.497) y el que establece la caducidad de los derechos de pensión de hijos e hijas y reforma del régimen de pensión Hacienda Diputados (Expediente legislativo № 19.587).

 

Con la misma consideración que hace un año, les reitero la conveniencia nacional de brindar al fortalecimiento de las capacidades de cobro de la Caja (Expediente legislativo № 18.329); a la reforma que permitiría que RECOPE investigue, produzca e industrialice otros combustibles para el transporte y la industria (Expediente legislativo № 19.498) y a la iniciativa que haría posible las sociedades de convivencia (Expediente legislativo № 18.483).

 

Asimismo, les solicito acoger con especial interés el Expediente legislativo № 19.945 que permitirá la aprobación del convenio de préstamo con el Banco Mundial para el pago de gran parte de la deuda del Gobierno con la Caja.

 

En el marco del respeto absoluto de la separación de poderes, apoyaremos las iniciativas tendientes a modernizar y fortalecer al Poder Judicial, a fortalecer los mecanismos de acceso y ascenso en la carrera judicial, la evaluación del desempeño y el régimen disciplinario, entre otros, y a garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer así nuestro sistema republicano. Así lo señalé hace un año, y hemos avanzado.

 

El Gobierno de la República está resuelto a dotar al Poder Judicial de herramientas que le permitan enfrentar mejor el crimen organizado en todas sus formas y que potencien su labor como garante de los bienes jurídicos penalmente tutelados. Esperamos que la modernización de los procesos llegue a otras materias de fuerte contenido social, laboral y civil, así como la de Familia, la Agraria y la Ambiental, cuyas reformas o proyectos de reforma han sido coordinados con el concurso del Poder Judicial.

EN CONCLUSIÓN

 

Señoras y señores diputados, Compatriotas:

 

Dentro de 24 meses esta Administración llegará a su fin. En dos años, volveré por última vez a este Plenario que me invistió como Presidente de la República, a dar cuenta final del Estado de la Nación. Pocos días después, fiel al mandato constitucional, entregaré el poder a la persona que escoja el pueblo para sucederme como Primer Servidor de las y los costarricenses. Y en ese momento, me convertiré en expresidente para nunca más volver a ocupar un cargo de elección popular tal y como lo he señalado de manera repetida y solemne.

 

Soy consciente de lo efímero de mi cargo desde el momento mismo en que lo asumí. El poder para ejecutar, que es el que poseo, sólo lo presta el pueblo de forma temporal y lo recupera, en pleno ejercicio de su soberanía, cada vez que es convocado a las urnas para elegir a un nuevo mandatario por la Constitución que él mismo sanciona.  Es tan sagrado ese rito democrático, que no hay fuerza mayor en una República. Es la expresión máxima de respeto al derecho a elegir, que es lo mismo que decir, el derecho a vivir en Libertad.

 

Digo lo anterior porque no quiero que se piense que he ejercido el mando presidencial, o que lo ejerceré hasta el último minuto de mi mandato, sin plena conciencia de quién me eligió y a quien me debo.  Me eligió el pueblo costarricense para que guardara celosamente el Bien Común, no el interés particular.  Me convocó el pueblo costarricense para que administrara la hacienda pública en beneficio de quienes más necesitan, no de quienes más vociferan.  Me llamó la historia para iniciar el cambio de un sistema político que ha mucho está requiriendo de reformas profundas, no para contemplar – cómodamente y sin consecuencias – la indolencia burocrática, gremial o fáctica que prefiere obstaculizar a transformar, aunque quienes más sacrificios hagan sean quienes menos tienen. Y juro por Dios que voy a culminar esa tarea con tanta devoción y entrega como me lo demanda el pueblo que me hizo su Presidente, sin dejarme intimidar por las fuerzas que una y otra vez se empeñan en impedir que cumpla con esa tarea.

 

No ha sido una sino muchas veces en que he tenido que dar fe de ese convencimiento durante el último año. Estoy seguro que otros Presidentes también lo hicieron en su momento. Como historiador comprendo que el ejercicio del mando supremo de la Nación conlleva obligaciones intransferibles que son precisamente las que el pueblo soberano otorga a quien confía el manejo de los asuntos ejecutivos. Y cada presidencia tiene su afán: algunos, mucho mayores que otros. No han tenido la mayoría de los gobiernos y ciertamente no el mío, que capear tantas y tan complejos desafíos como los que los que tuvieron que enfrentar los presidentes Mora Porras, González Flores, Calderón Guardia o Figueres Ferrer en su primer mandato constitucional. En el cargo que ocupo momentáneamente, la norma es la turbulencia creadora, no la calma.

 

Sin embargo es evidente que este Gobierno no tiene derecho a gobernar como los anteriores. No lo tiene por voluntad propia, porque desde la campaña electoral generamos compromisos sin precedentes con la ciudadanía. No lo tiene porque decidimos que adoptaríamos – y adoptamos – estándares de gestión que nos permitieron superar muchos de las malas prácticas del pasado a las cuales aún combatimos.  No lo tiene porque hemos estado dispuestos a enfrentar males profundamente arraigados en la administración pública, como las negociaciones espurias que por décadas convirtieron al Estado en virtual “caja chica” de intereses grandes y pequeños. No lo tiene porque no hemos recurrido a instrumentos que se habían vuelto normales en la política tradicional como incentivos para el compadrazgo y la consolidación de una buena imagen pública. Y no lo tiene, además, porque como es más que evidente, no hay ningún interés en reconocerle logro alguno aún a costa de poner en riesgo lo que a todas luces podría ser un futuro promisorio para el país.

 

Hoy Costa Rica, como pocas veces en el pasado, está en posibilidad de dar un salto cualitativo hacia el desarrollo pleno en pocos años. Los indicadores económicos son, con excepción del fiscal, absolutamente claros: el crecimiento de la producción, aún moderado, puede acelerarse si, fortalecida la hacienda pública, el Estado recupera la capacidad de invertir en infraestructuras de escala, en innovación y en diversas modalidades educativas que preparen el talento humano necesario para transitar de la manufactura, a la creación de bienes, servicios y nuevo conocimiento.

Nuestro país, cuyos niveles de pobreza y pobreza extrema son todavía significativos, puede sin embargo reducirlos de manera muy importante si continúa estimulando el empleo decente – especialmente de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad -, alineando la oferta de programas de apoyo social como “Puente al Desarrollo”, los cuales deben salir a buscar a sus beneficiarios con el fin de incorporarlos integralmente a la red de servicios disponibles, y promoviendo el micro, pequeño y mediano emprendedurismo.

 

Es también muy positiva la perspectiva de desarrollo territorial, particularmente fuera del Gran Área Metropolitana.  Tal y como lo demuestra el programa “Tejiendo Desarrollo” a cargo del Despacho de la Primera Dama, existen condiciones extraordinarias para que las instituciones del Gobierno Central, los Gobiernos municipales, las organizaciones comunales y el sector privado puedan articularse con el fin de multiplicar sus capacidades en la generación de desarrollo económico local.

 

La fuerza de esos colectivos ya es notoria en provincias como Guanacaste y Limón, en donde el escepticismo de antaño está siendo sustituido por una actitud proactiva que ya no extiende la mano para recibir dádivas sino que la tiende en busca de alianzas estratégicas.  Ciertamente estimuladas por obras como la terminal de contenedores de Moín y la pronta construcción de la Ruta 32, o por la expansión del aeropuerto “Daniel Oduber Quirós” y la reactivación turística viabilizada por este Gobierno, y la autopista aún en proceso entre Barranca y Liberia; estas Provincias sin embargo están mirando mucho más lejos.  Limón, porque desea proyectarse con mucha fuerza sobre la Gran Cuenca del Caribe, y Guanacaste porque se sabe eje articulador, junto con la Región Huetar Norte, del corredor logístico que en un día no muy lejano comunicará una vez más el Mar Caribe con el Océano Pacífico.

 

Y Puntarenas, la tercera provincia que junto con las dos anteriormente mencionadas fueron un día vistas como irremisiblemente condenadas a la marginalidad y la pobreza, también mira lo suyo: el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, la expansión del complejo portuario Caldera con posibilidades de nuevos centros de operaciones navales en el Golfo de Nicoya, Playa Ballena y Golfito; la Zona Económica Especial del Pacífico Central; la apertura del Mercado Regional Brunca y las renovadas oportunidades de comercio con Panamá – estimuladas por la eventual ampliación de la Carretera Interamericana Sur entre Paso Real y Paso Canoas – y el corredor turístico Corcovado-Peñas Blancas-Diquís-La Amistad entre otras.

 

Estoy convencido de que estas visiones, que hoy lucen remotas, están a la mano. Y esta Administración está haciendo todo lo que puede para acelerarlas en el tiempo.  Ello será posible si somos capaces de superar las mezquindades partidarias, como lo han hecho las comisiones provinciales de esta Asamblea y si colocamos la visión del país más alto que los pequeños ruidos coyunturales.  Cuando veo a entidades como Acueductos y Alcantarillados decididamente involucradas, como lo está, en la construcción de acueductos en Guanacaste y el Caribe Sur, y contribuyendo a la salud pública mediante la planta de Tratamiento “Los Tajos”, en su tipo, la más grande de Centroamérica, con capacidad para tratar las aguas residuales de más de un millón de personas del Gran Área Metropolitana, que producen los vertidos a las cuencas de los ríos Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí; cuando veo al Ministerio de Ambiente y Energía ordenando con propósito socio-productivo algunas áreas de conservación como Ostional, los manglares del Golfo de Nicoya y Puntarenas; emitiendo la primera política de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del país; creando el Plan Nacional de Energía – el primero y más participativo jamás promulgado en Costa Rica – o declarando ríos libres de represas por un cuarto de siglo al Savegre y al Pacuare; es cuando más se afirma en mi ánimo esta visión de país progresista y próspero que muchas veces no somos capaces de imaginar, atrapados como estamos en el escepticismo paralizante de nuestro tiempo.

 

Tenemos que volver a creer. No solo en este Gobierno, sino en Costa Rica, en su gente, en su capacidad para producir y mirar más allá de los obstáculos que hoy parecen insuperables. No pido ingenuidad sino ingenio.  No pido tregua, sino marcha. El país está listo para mejores horas y no tenemos derecho, ni quienes gobernamos ni quienes aspiran a gobernar, a perder el tiempo en vanas confrontaciones que sólo atrasos y males acarrean a la población de la República.

 

En lo que resta de mi mandato redoblaré el trabajo que el Gobierno realiza.  A las y los ministras y ministros les pido un esfuerzo supremo, mayor aún al que ya hacen, para alcanzar la totalidad de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, cuya gestión hasta el momento ya depara cifras de cumplimiento de alrededor del 70%. Al resto de los jerarcas de las instituciones descentralizadas, también les invito a cerrar filas y apretar el paso con el fin de demostrarle a nuestra ciudadanía el valor de una administración pública de excelencia, puntual en la atención de sus responsabilidades, rigurosa en la evaluación de su desempeño, sensible en el trato al usuario y sobre todo, honesta y transparente en la consecución de sus metas institucionales.

 

La alternativa no es digna de este pueblo ni de su historia. No aprovechar esta oportunidad para mover significativamente los índices de desarrollo humano de Costa Rica es un escenario que diría mal, muy mal, de los liderazgos de este país.  De todos ellos. Desde los más obvios, que somos quienes gobernamos o aspiran a ello en todos los niveles de lo público, pasando por los otros, los que conducen al sector privado, a las organizaciones sociales civiles y religiosas y a las entidades académicas cuya responsabilidad en los procesos de toma de decisiones no es menor.

 

Señoras diputadas, señores diputados:

 

Al finalizar este informe sobre el Estado de la Nación 2015-2016 pago un sincero homenaje a todas las personas quienes han hecho posible la gestión del Gobierno Nacional en toda la gama de sus instituciones.  También hago un reconocimiento a esta Asamblea Legislativa y a sus liderazgos por los logros alcanzados que son muchos.  Esta expresión de gratitud y reconocimiento a las y los empleados públicos es obligatoria no sólo por justicia, que la hay y es mucha. También lo es porque conviene desterrar la idea de que todo servidor del Estado, empezando por el propio Presidente de la República, es un personaje sin escrúpulos; un haragán sin decoro.  La mayoría no lo somos, por el contrario, servimos fielmente a la administración plenamente conscientes de nuestras debilidades e imperfecciones, pero también del enorme sacrificio que hacemos, muchas veces sin contar con los recursos necesarios para cumplir con las demandas de la gente y atender sus necesidades.

 

Servir honra, y honra mucho. Espero hacerlo cada día con más ahínco y con mayor sabiduría. No por darle brillo al Gobierno que sólo el pueblo dirá si tuvo méritos o no al final de nuestro mandato, sino por ser fiel al juramento que prometí hace dos años y cada mañana repito, para mí, como una oración al Dios eterno al que pido siempre bendiciones para nuestra querida Costa Rica.