• Inclusión de criterios técnicos y revisión periódica fortalecerá la

administración local.

Mideplan, San José, Costa Rica - 24/4/2024. El Gobierno de la República presentará un

proyecto de ley para reformar la Ley sobre División Territorial Administrativa, N° 4366. Esta

iniciativa busca actualizar y fortalecer los criterios para la creación de nuevos cantones,

permitiendo así un marco legal renovado y coherente con las necesidades territoriales a

nivel nacional.

El proyecto propone reformas en la Comisión Nacional de División Territorial

Administrativa, integrando a entidades fundamentales en la toma de decisiones en esta

materia, tales como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

(MIDEPLAN), el Ministerio de Hacienda y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

(IFAM). También establece el requerimiento de estudios vinculantes para respaldar las

decisiones sobre la creación de nuevos cantones.

Además, la propuesta incorpora análisis de aspectos geográficos, demográficos,

socioeconómicos y productivos en los informes técnicos, contribuyendo a la eficiencia

administrativa y al valor público dentro de la estructura administrativa de los territorios.

Con esta medida, se busca que la creación de nuevos cantones se base en una evaluación

rigurosa y multidimensional, abarcando aspectos económicos, sociales y de infraestructura.

Establecimiento de criterios claros y revisión continua

La legislación actual que regula la creación de cantones data de finales de 1960, es decir con

más de 60 años de antigüedad, en esa época, se consideraban principalmente elementos

geográficos o físicos para establecer nuevos cantones. Sin embargo, ahora, la creación de

un cantón no solo implica aspectos geográficos, sino también la formación de una

municipalidad, lo que requiere identificar actividades económicas para financiar su

operación. Además, una municipalidad debe cumplir con una serie de responsabilidades

que requieren recursos.

Por lo anterior, el nuevo proyecto de ley propone criterios más detallados y un proceso de

revisión permanente de la división territorial, para garantizar que las estructuras

administrativas locales sean relevantes y eficaces. Esto incluye la obligación del Poder

Ejecutivo de emitir reglamentos que precisen estos criterios, promoviendo la transparencia

y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, además de la generación de valor

público.

Esta reforma legislativa representa un paso significativo hacia una administración pública

más actualizada, adaptativa y sensible a las necesidades de los diferentes territorios y sus

habitantes. El enfoque en criterios más amplios y un proceso de revisión constante busca

fortalecer la capacidad del país para gestionar su desarrollo de manera equitativa y

sostenible.